¿Qué es el aforamiento judicial?
El aforamiento es un privilegio procesal que permite que determinadas personas, por razón de su cargo público, sean juzgadas exclusivamente por tribunales superiores. En lugar de seguir el procedimiento penal ordinario, sus causas son asumidas directamente por órganos como el Tribunal Supremo. Esta figura cambia por completo el itinerario judicial al que se enfrenta una persona investigada.
¿Para qué sirve el aforamiento?
Originalmente, su finalidad era proteger el desempeño de funciones institucionales sensibles. Se pretendía evitar que las denuncias malintencionadas paralizaran la actividad de los representantes públicos. En teoría, se trata de una medida de estabilidad democrática. Sin embargo, su evolución práctica ha generado controversia.
¿Qué efectos tiene en el proceso penal?
Uno de los principales efectos es la supresión del juez de instrucción: el tribunal superior asume la investigación y el juicio en un único órgano. Esto limita la posibilidad de recurso, reduce las garantías para las partes y puede ralentizar el proceso. Además, el carácter excepcional del tratamiento genera percepciones de desigualdad jurídica entre ciudadanía y cargos públicos.
¿Cuántas personas están aforadas?
Actualmente, más de 250.000 personas disfrutan de algún tipo de aforamiento, incluyendo políticos, jueces, fiscales, policías y militares. Esta cifra convierte a este país en una anomalía legal en comparación con otras democracias europeas, donde el aforamiento o no existe, o se limita a un número muy reducido de figuras institucionales.
Comparación internacional del aforamiento
En países como Alemania, Reino Unido o Suecia, todos los ciudadanos son juzgados por igual. Francia solo protege temporalmente al Presidente durante su mandato. La existencia de un sistema tan extendido de aforamientos genera dudas sobre su necesidad y compatibilidad con los principios de igualdad ante la ley.
¿Es necesaria una reforma del sistema?
La mayoría de expertos coinciden en que es urgente replantear el alcance del aforamiento. Limitarlo a funciones realmente sensibles y vincularlo al ejercicio activo del cargo son algunas de las propuestas más compartidas. También se plantea que su aplicación no sea automática, sino sujeta a justificación.
Conclusión
La existencia de aforados plantea un dilema entre la protección institucional y la igualdad jurídica. Reformar este sistema no es un ataque a las instituciones, sino una oportunidad para reforzar la confianza en ellas. Un sistema judicial equitativo necesita que todos, sin excepción, seamos tratados del mismo modo ante la ley.